No necesariamente. Aunque su origen es internacional, en muchas legislaciones (como la de México) es obligatorio documentar también las operaciones entre partes relacionadas nacionales. Si dos o más empresas comparten los mismos socios, administración o control, cualquier transacción entre ellas (préstamos, servicios, ventas) debe estar respaldada por un estudio que demuestre que se pactó a precios de mercado, tal como se haría con un tercero independiente.